El Salvador-Desde el Gobierno se mantiene la vigilancia diaria en más de 100 puntos a escala nacional para constatar que las unidades del transporte público cobren la tarifa establecida en la ley. Esto como parte de las medidas integrales ordenadas por el Presidente Nayib Bukele para proteger el bolsillo de los salvadoreños ante la inflación mundial.
En este sentido, recuerda a los transportistas que no está autorizado ningún incremento del pasaje. Desde el 11 de marzo, pasado, se han aplicado cerca de 800 multas solo por aumentos arbitrarios de la tarifa.
“Las unidades del transporte colectivo que prestan servicio ordinario no pueden cobrar por un servicio especial, también estamos verificando que esto se respete”, indicó el director de Transporte Terrestre, Raúl López.
Así como tampoco están autorizados cambios generalizados en los recorridos, salvo en casos específicos como en la zona del redondel Utila, en Santa Tecla; en el Centro Histórico de Santa Tecla y el Centro Histórico de San Salvador, por el reordenamiento que se hace en ambos sectores.
El director de Transporte Terrestre mencionó que los recorridos de las rutas deben ser los mismos de día y en la noche, sobre todo, ahora que la situación de inseguridad ha mejorado a partir de las efectivas medidas implementadas por el Gobierno del Presidente Bukele para llevar ante la justicia a los pandilleros.
“Hay que reconocer que anteriormente con todos los problemas de delincuencia hubo alguna permisibilidad en las administraciones anteriores en la reducción del servicio, pero en la medida que este Gobierno ha ido implementando el Plan Control Territorial y ahorita con el régimen de excepción, no hay ninguna razón por la que ninguna ruta deba incumplir con sus recorridos. Todos están mandatados a cumplir con su plan general operativo”, enfatizó el director.
Además, se les recuerda a los empresarios que las faltas a la normativa de tránsito podrían derivar incluso en la suspensión de la concesión de las líneas como fue el caso de la Ruta 42 y 152. El incremento ilegal de la tarifa es una de las faltas que también llevó al empresario Catalino Miranda a enfrentar la justicia, como propietario de ambas rutas.