La Dirección General de Centros Penales (DGCP) dio acceso total a la Fiscalía General de la República (FGR), a la documentación institucional para colaborar con la investigación sobre la información publicada por algunos medios que intentan vincular al Gobierno con un supuesto pacto con pandillas.
El director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, recibió a un grupo de fiscales en la sede central de la institución, como muestra de disposición ante la justicia salvadoreña para desmentir una publicación infundada, divulgada hace unos días
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Luna Meza aseguró que el Ministerio Público tuvo acceso a la información de todos los centros penales de El Salvador, con el objetivo de que puedan constatar el cumplimiento de las normas carcelarias y los registros digitales de vigilancia de los centros penitenciarios.
“Como parte de la transparencia de esta administración, colaboramos con la Fiscalía en el procedimiento que realiza. No vamos a permitir que se desvirtúe el esfuerzo alcanzado por la Policía, Fuerza Armada y Centros Penales”, publicó en su cuenta de Twitter.
La semana anterior, la DGCP también permitió acceso a la prensa nacional e internacional en los penales de Quezaltepeque, en La Libertad; Izalco, en Sonsonate; y Ciudad Barrios, San Miguel, para que comprobarán el estricto cumplimiento del régimen penitenciario. En los recorridos quedó demostrado que los reos no gozan de ningún privilegio.
En reiteradas ocasiones, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha dejado claro que no ha negociado, ni pactará con grupos criminales, tal como hicieron los dos Gobiernos anteriores que entregaron a las pandillas el control del régimen penitenciario.
Desde el 20 de junio de 2019, con la puesta en marcha del Plan Control Territorial, se inició un nuevo régimen en las cárceles, inculcando orden, control y disciplina. Los penales dejaron de ser el centro de operaciones de los grupos delictivos.
De acuerdo con funcionarios del Gabinete de Seguridad, el control en el sistema penitenciario ha sido clave para disminuir el índice delincuencial en el país, con reducciones en todos los delitos, sobre todo los homicidios.