Los funcionarios serán designados por la Corte Plena a cada sala, de acuerdo a las necesidades, para cubrir ausencias temporales y garantizar el funcionamiento del Órgano Judicial.
La Asamblea Legislativa eligió y juramentó a los abogados Claus Arthur Flores Acosta, Joaquín Osmar Vallejos Díaz y Jesús Ulises García como nuevos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La elección se realizó, con 57 votos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 131 de la Constitución, el cual faculta al Órgano Legislativo a nombrar —mediante votación nominal y pública— a los magistrados de la CSJ.
Los nuevos funcionarios suplentes deberán garantizar la continuidad del trabajo judicial ante ausencias temporales de los magistrados propietarios.
Perfil profesional
El abogado Claus Arthur Flores Acosta será designado para la Sala de lo Constitucional. Cuenta con experiencia como magistrado de cámara en materia de familia en la zona occidental. Además, ha ejercido como juez en distintas jurisdicciones. Su formación académica incluye estudios en derechos humanos y educación para la paz. Su período como suplente concluirá el 15 de noviembre de 2027.
Por su parte, Joaquín Omar Vallejos Díaz es abogado y notario de la República, con formación académica en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Su cargo finalizará en 2033.
Mientras que Jesús Ulises García tiene amplia trayectoria en el ámbito judicial, con experiencia que se remonta a 1981 dentro de la Corte Suprema de Justicia, especialmente en labores de formación. Su periodo también culminará en 2033.
Con estas designaciones, los diputados buscan fortalecer el funcionamiento de la CSJ y asegurar la continuidad del sistema judicial salvadoreño.
Requisitos constitucionales
De acuerdo con el artículo 176 de la Constitución, los aspirantes a magistrados deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 40 años, abogados de la República, y contar con moralidad y competencia notorias. Asimismo, deben acreditar experiencia como magistrados de segunda instancia durante seis años, jueces de primera instancia por nueve años o haber ejercido la abogacía por al menos 10 años.
También se exige estar en el pleno goce de los derechos ciudadanos durante los seis años previos a su elección.