Diputados autorizaron la asignación de $20 millones al presupuesto del Ministerio de Agricultura que servirán para mejorar la logística de los actuales puntos de venta y abrir nuevos.
Con el fin de mantener la estabilidad de precios en la canasta básica, la Asamblea Legislativa reformó, con 57 votos, la Ley de Presupuesto 2025, para orientar $20 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los fondos fortalecerán la capacidad logística de abastecimiento de los agromercados existentes y permitirán crear nuevos establecimientos en el país, así como una Central de Abastos en Usulután.
Con lo aprobado se mantendrá el suministro de productos de la canasta básica con precios justos, conectando a productores con consumidores, sin intermediarios.
Además, se tiene previsto abrir nuevos agromercados para contribuir a la seguridad alimentaria de la población y a la economía rural, evitando el impacto de las crisis estacionarias.
También se dará continuidad a la ejecución y el financiamiento de gastos de operación de la nueva Central de Abastos de Usulután, que forma parte del proyecto “Centrales de Mayoreo, conocida como Central de Abastos (CDA)”.
Al respecto, el diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, afirmó que “más de medio millón de familias van a ser beneficiadas con esta Central de Abastos en el departamento de Usulután”.
Residentes de zonas aledañas también podrán acudir a dicho establecimiento para adquirir sus vegetales y hortalizas a precios accesibles, añadió el legislador.
Actualmente, hay 61 agromercados en diferentes zonas del país y una Central de Abastos en Soyapango.
Fondos para Surf City I y energía fotovoltaica
En la sesión plenaria 65, los parlamentarios también aprobaron la asignación de fondos para dinamizar el turismo en la zona costera de La Libertad y Sonsonate; y la ratificación de un préstamos para seguir ejecutando un proyecto de energía eléctrica que ampliará la cobertura de este suministro en todo el país.
En cuanto al rubro de turismo, con 55 votos, los diputados modificaron la Ley de Presupuesto General de la Nación en el ramo de Obras Públicas y de Transporte, para asignar $22,777,027 —provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)— y que servirán para financiar el Programa Surf City Fase I.
Con ello se mejorarán las condiciones de movilidad urbana, turística y logística, así como la gestión de los recursos naturales, a través del saneamiento básico de aguas residuales en el corredor de la carretera Litoral, estimulando los esfuerzos de desarrollo humano y productivos para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas.
Actualmente, el Órgano Ejecutivo ha hecho un acuerdo con el organismo internacional por un monto de hasta $113 millones para financiar el programa Surf City I y con la asignación de lo solicitado se ejecutarán dos proyectos de inversión en esta fase.
El primer proyecto consiste en la construcción de intercambiador en Corredor Pacífico, en la intersección entre la carretera Litoral y la de Acajutla, en el departamento de Sonsonate.
Incluye un paso a desnivel de dos carriles sobre la carretera hacia Acajutla; la construcción de accesos, rampas de entrada y salida; un puente sobre el río Sensunapán y construcciones conexas como trabajo de drenaje, instalaciones eléctricas y obras de movilidad en el ciclo peatonal.
Mientras que el segundo proyecto consiste en la ampliación de la carretera que conduce desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, sobre la Vía Turística Costera Surf City I, tramo II, en el departamento de La Libertad.
Este comprende la ampliación de dos a cuatro carriles y tendrá una longitud aproximada de 8.67 kilómetros, entre ambas playas, incluyendo obras de drenaje, construcción de aceras, ciclovías, bahías para autobuses, miradores y zonas de estacionamiento.
El pleno legislativo también autorizó, con 56 votos, que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) suscriba, en segunda vuelta, un contrato de préstamo por $93 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Acceso Universal a la Energía en El Salvador.
Este tiene como objetivo garantizar que, para el 2030, todos los hogares y centros educativos salvadoreños tengan acceso a la electricidad, con mayor énfasis en las zonas rurales.
Con lo asignado se construirán extensiones de redes de distribución, miniredes y sistemas fotovoltaicos individuales aislados; fortalecer la capacidad técnica de la CEL para la operación, mantenimiento y sostenibilidad de los proyectos de electrificación, beneficiando a un aproximado de 8,735 familias.