El Gobierno de El Salvador garantiza a la población su derecho a la salud, reconocido en la Constitución de la República; por ello, el Ministerio de Salud ha dado acompañamiento al proceso de creación y aprobación de la Ley de Especialidades de las Profesiones Médicas.
Esta normativa busca garantizar una mejor atención a la población; además, dar certeza a los pacientes que, al momento de una consulta médica, el profesional de la salud posea las certificaciones y garantías éticas. También, incentivar a los especialistas para que actualicen periódicamente sus conocimientos.
“Sabemos que hay un global de más de 110,000 profesionales de la medicina que deben tener esa certeza jurídica de que todo este aprendizaje, esta formación académica que se tuvo hoy está debidamente acreditada y debidamente certificada ¿Qué va a garantizar? seguridad a los profesionales de la salud, la capacidad de poder tener una entidad que nos va a acompañar con la educación médica continua”, dijo el ministro de Salud, Francisco Alabi.
También, el funcionario dijo que lo más importante es que le dará seguridad jurídica y sanitaria a todos los pacientes que próximamente van a poder recibir una atención por parte de profesionales que tienen todas las credenciales y todas las certificaciones.
“Lo que se acaba de aprobar es una iniciativa que vino directamente del sector salud y de los profesionales de la salud, que llegaron a la Asamblea Legislativa, solicitándonos un marco legal que diera ese reconocimiento al sector, que son alrededor de 22,800 profesionales y albergan todo, entre médicos y profesionales de la salud”, aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
La aprobación de la normativa contempla la creación de la autoridad competente denominada Consejo Nacional de las Especialidades Médicas (Conadem) y estará adscrita al Ministerio de Salud.
El Conadem será el ente encargado de emitir las credenciales de especialidad o subespecialidad para el ejercicio de la profesión en cualquier rama de la medicina, tanto humana como animal, para un período de cinco años prorrogables; así como la emisión de todas las normativas de regulación necesaria para aplicarla.
