El documento, que será llevado al pleno legislativo para su aprobación, concluye que hay suficientes indicios de que en las legislaturas pasadas se cometieron delitos al crear mecanismos ilegales para otorgar fondos públicos a organizaciones afines a esos partidos.
La Comisión Especial para investigar los fondos otorgados a ONG vinculadas a los partidos tradicionales presentó el informe final sobre el trabajo realizado desde su conformación (en 2021), el cual será llevado ante el pleno legislativo para su aprobación, como lo establece el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
En el documento se ha incluido la información que el equipo de abogados penalistas juramentado por la mesa de trabajo recopiló y analizó para determinar los mecanismos utilizados por las pasadas legislaturas para asignar fondos públicos a asociaciones y organizaciones sin fines de lucro.
Los expertos concluyeron que se realizaron procedimientos ilegales para beneficiar con recursos a algunas ONG ligadas a ARENA y el FMLN; establecieron los montos que se les asignaron e individualizaron a los exfuncionarios involucrados, quienes habrían cometido los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Por esta razón, en el informe final se han plasmado las recomendaciones que hicieron los abogados, así como las consideraciones de los diputados que integran la Comisión Especial. Posteriormente, se presentará un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación penal y deduzca responsabilidades.
La presidenta de la mesa de trabajo, Alexia Rivas, reiteró que con la investigación se ha determinado que hay suficientes elementos probatorios para considerar que los viejos políticos cometieron hechos punibles.
“Ha quedado claro el mecanismo corrupto de las antiguas legislaturas y cómo avalaban cada una de las asignaciones. Era tan fácil tratar de resolver el tema en la Corte de Cuentas pidiendo un finiquito”, dijo la parlamentaria.
Diputado rechaza que haya “persecución política”
La investigación de la Comisión Especial y del equipo legal abarcó a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), Asociación de Mujeres Tecleñas (ATM), Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN), Pro Basket – Quique Samour y La Factoría Ciudadana. Algunas de estas fundaciones no fueron parte de los mecanismos corruptos de asignación de recursos.
La mesa de trabajo determinó que una de las organizaciones a través de la que se desfinanció al Estado es Las Mélidas, fundada y dirigida por la exparlamentaria del FMLN y expresidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. Entre 2011 y 2019, esta organización, según las investigaciones, recibió $518,890 provenientes de fondos públicos.
A raíz de los resultados de la investigación, la exdiputada del partido de izquierda ha expresado, mediante sus redes sociales, que hay una “persecución política” en contra de los líderes de oposición.