Agencias-El Tribunal Supremo de Brasil suspendió un decreto del Gobierno que impedía a las empresas exigir a sus empleados un certificado de vacunación contra la COVID-19, y que frenaba los despidos de quienes no estaban inmunizados.
Según esa normativa, exigir la vacunación supone una “práctica discriminatoria” y no podría ser motivo de despido, aún más cuando el gobierno no ha implantado que las vacunas sean obligatorias.
Sin embargo, de acuerdo con la decisión cautelar del juez Barroso, un empleado no vacunado “puede ser una amenaza para la salud de otros trabajadores”, al tiempo que es un riesgo para el ambiente laboral y “compromete la salud de las personas que interactúan con empresas”.
El juez Barroso dijo que la pandemia ha matado a 610 mil brasileños y que es razonable suponer que la presencia de empleados no vacunados supone una amenaza para la salud de los demás.