El Gobierno del Presidente Nayib Bukele está comprometido con saldar deudas históricas y continuar velando por la dignificación de la clase trabajadora del país. Este es el objetivo de la propuesta de la Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, que ha sido presentada ante la Asamblea Legislativa, que contempla horarios justos y equitativos, así como buenas prestaciones para los trabajadores.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, acudió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa para continuar el estudio de la iniciativa, que busca llevar justicia laboral a los sectores más desprotegidos, que durante décadas estuvieron en total abandono, y que en las administraciones anteriores no se veló por el cumplimiento pleno de sus derechos como trabajadores.
La propuesta de ley busca regular los horarios laborales de las personas que trabajan para las agencias de seguridad privada. Castro dijo que se quiere garantizar el cumplimiento de ocho horas laborales y establecer 44 horas laborales semanales. En el Código de Trabajo éstas están tipificadas como empresas de servicios y, como tal, deben cumplir los horarios establecidos.
Añadió que estas empresas, desde su establecimiento, han laborado bajo un régimen militar de 24 horas, situación que busca cambiarse totalmente. Además, la iniciativa de ley establece un máximo de 24 horas extras, el pago del 100 % de estas y que las empresas garanticen la dotación de los uniformes a sus agentes, ya que actualmente muchos trabajadores se ven obligados a pagar dicho insumo.
“Como Ministerio estamos interesados en que esta ley la aprueben lo antes posible. Esta ley ha sido vista de forma integral, en el momento que nos la entreguen nos encargaremos de hacerla cumplir y garantizar los derechos de toda la clase trabajadora”, expresó.
Durante la reunión, el titular de Trabajo y los parlamentarios discutieron, también, las sanciones por el incumplimiento del patrono a los horarios de trabajo, la dotación de uniformes, recesos y descansos de agentes. La propuesta de ley contempla multas leves, graves y muy graves, que van desde los 10 hasta los 80 salarios mínimos mensuales del sector servicio.
La normativa en análisis también incluye la prohibición a contratar empresas de seguridad que no estén trabajando en la formalidad. Respecto a este punto se establece un plazo para que estas regulen su situación. Además, las empresas que contraten servicios de agencias irregulares serán acreedoras de un proceso sancionatorio que contempla multas de 11 a 70 salarios mínimos mensuales.
“La ley especial que ha estado funcionando tenía la característica que no contemplaba los derechos de los trabajadores ni procesos sancionatorios de ningún tipo, era una ley diseñada para violentar los derechos de los trabajadores y que los empleadores no tuvieran ningún tipo de repercusiones”, sostuvo el ministro de Trabajo.
El funcionario instó a los legisladores a aprobar este anteproyecto de ley en el menor tiempo posible, ya que permitirá contar con la herramienta jurídica para regular este rubro, ordenar a las empresas informales y garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores de este sector. “Aspiramos a tener cada día más y mejores empresas en el país, porque en esa medida vamos a tener más clase trabajadora activa y nos ayudará a la dinamización económica”, acotó Castro.