El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la Defensoría al Consumidor, realiza diariamente un promedio de 6,000 inspecciones de precios de los productos de la canasta básica, como parte de las medidas para garantizar y proteger la economía de los salvadoreños ante el próximo aumento en un 20 % del salario mínimo. De esa forma, se evita el acaparamiento y especulación de los productos de la canasta básica.
El presidente de la Defensoría al Consumidor, Ricardo Salazar, aseguró que por cuarto día consecutivo el personal de la institución fue distribuido por distintos puntos del país para la inspección de precios en comercios, mercados y supermercados. Este domingo, técnicos de la Defensoría llegaron hasta el Mercado Central de San Salvador para la verificación precios.
“Nuestra institución tiene el objetivo de evitar cualquier acaparamiento o especulación que se pueda generar en los productos de la canasta básica. Venimos por cuarto día consecutivo realizando una labor de inspección de precios”, explicó el funcionario.
La Defensoría al Consumidor inició con las inspecciones, a raíz de una orden girada por el Presidente Bukele, quien encomendó verificar los precios de los productos de la canasta básica, que pueden presentar un alza, ante el aumento al salario mínimo propuesto por el Gobierno y aprobado el viernes pasado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo.
Las inspecciones se llevan a cabo en supermercados, agroservicios, comercios de mayoreo y puestos en mercados municipales. Desde el llamado del Presidente Bukele, la Defensoría del Consumidor ha desplegado su personal a nivel nacional, para proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas.
“Vemos un comportamiento bastante estable en cuanto a los precios. En materia de alimentos existe un ciclo de producción de cultivos y cosechas, que en algunos momentos puede haber algunos incrementos, pero lo importante es evitar los abusos”, aseguró Salazar.
El presidente de la Defensoría al Consumidor advirtió que en caso de encontrar incrementos injustificados en los productos se iniciará un procedimiento de sanción, a través de la Ley de Protección al Consumidor, que establece una multa de hasta 500 salarios mínimos del sector industria.
La Defensoría al Consumidor y la Fiscalía General de la República (FGR), están atentos ante el cometimiento de un delito que en materia de mercado y protección al consumidor pueda afectar, como el agiotaje, propalación falsa y acaparamiento.
“Son figuras delictivas que el Código Penal establece con cárcel que puede ser entre tres a cinco años. En función de eso también es una herramienta legal que podemos aplicar”, afirmó el titular de la Defensoría.
Estas inspecciones continuarán hasta después que inicie la aplicación del aumento del 20 % al salario mínimo, previsto para el 1 de agosto.
