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El presidente Donald Trump abrió un nuevo frente en su intento por restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, esta vez mediante decretos de alcance más limitado que la medida anulada por la Corte Suprema a finales de junio de 2026. La nueva estrategia apunta a determinadas categorías de extranjeros y al llamado “turismo de parto”. Aun así, los recientes decretos siguen chocando con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
“Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval.
El mandatario ya había intentado impedir de manera general que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que no fueran ciudadanos estadounidenses adquirieran automáticamente la ciudadanía. La Corte Suprema rechazó esa pretensión el 30 de junio y sostuvo, por mayoría de seis jueces, que la protección constitucional alcanza incluso a niños cuyos padres se encuentran temporalmente en el país o carecen de autorización legal.
Una estrategia más limitada
Uno de los nuevos decretos apunta contra los denominados “extranjeros enemigos”, miembros de organizaciones terroristas extranjeras y determinadas personas que actúan o realizan labores de cabildeo en nombre de gobiernos extranjeros.
Stephen Miller, vicesecretario general de la Casa Blanca y uno de los principales responsables de la política migratoria del Gobierno, afirmó que los hijos de personas pertenecientes a esas categorías quedarían fuera de la ciudadanía por nacimiento.
La medida entra en un terreno donde la propia Corte Suprema reconoce excepciones históricas. Entre ellas se encuentran los hijos de diplomáticos y los de enemigos nacidos durante una “ocupación hostil”. La doctrina constitucional se refiere al supuesto excepcional de que fuerzas de una potencia enemiga controlen físicamente una parte de Estados Unidos y nazca allí un hijo de quienes forman parte de esa ocupación.
Los nuevos decretos buscan avanzar a partir de ese margen después del fracaso de la restricción general impulsada anteriormente por Trump.
El “turismo de parto” vuelve a escena
El segundo decreto está dirigido al denominado “turismo de parto”, práctica que consiste en viajar a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz en el país y obtener la ciudadanía estadounidense para el recién nacido.
La legislación estadounidense ya impide conseguir una visa cuando el propósito principal del viaje es obtener esa ciudadanía para un hijo. Miller presentó la nueva disposición como una prohibición del turismo de parto.
El decreto ordena perseguir judicialmente y procesar de forma penal a las redes delictivas, agencias de viaje y organizaciones que coordinen o faciliten esquemas estructurados de “turismo de maternidad”. Se extienden además los controles hacia instituciones de salud y hospitales bajo sospecha de comercializar “paquetes de parto” diseñados para extranjeros.
Los oficiales de inmigración en los puertos de entrada tendrían la instrucción de endurecer las entrevistas a mujeres con embarazos notorios para conocer detalles como el estado de gestación. Si se determina que el viaje tiene el potencial de generar un gasto no cubierto o convertirse en “carga pública”, se presume fraude migratorio y se deniega el ingreso inmediato.
La Decimocuarta Enmienda, en el centro
La mayoría de la Corte defendió la interpretación de la ciudadanía por nacimiento sostenida durante más de un siglo. Durante la discusión sobre el primer decreto lanzado por Trump, el presidente del tribunal, John Roberts, destacó que ese derecho ocupa un lugar fundamental dentro del sistema constitucional estadounidense.
“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, afirmó Roberts.
En su voto disidente, el juez Samuel Alito cuestionó el alcance que la mayoría otorgó a la protección constitucional. “Según la interpretación que hoy hace la corte, la Decimocuarta Enmienda concede la ciudadanía a prácticamente toda persona que nazca en este país”, aseguró Alito, quien incluyó expresamente a los hijos de las llamadas “turistas de parto”.
La nueva ofensiva presidencial tiene un renovado argumento legal, pero muchos analistas consideran que los nuevos decretos podrían tener el mismo destino que el anterior. David Bier, experto en Inmigración de Cato Institute, comentó a The Washington Post que el intento de calificar a los inmigrantes indocumentados como “enemigos extranjeros” para quitarles el derecho a la jurisdicción estadounidense carece de credibilidad jurídica.
Bier subrayó que en la causa Trump v. Barbara, ninguno de los jueces (incluyendo el bloque conservador) aceptó la premisa de que la inmigración irregular equivale a una “invasión” o un acto de enemistad estatal. Estos decretos “obviamente van en contra de lo resuelto por la Corte y no llegarán más lejos que la orden anterior”.