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Estados Unidos sancionó este martes 30 de junio a dos mexicanos y nueve empresas señaladas de participar en una red de contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida apunta a una operación que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, movía gasolina, diésel y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante documentos falsos, empresas fachada y maniobras para evadir impuestos.
“La medida de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles mexicanos se están expandiendo más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, las cuales continúan traficando drogas letales que matan a estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambas dependientes del Tesoro. Además del bloqueo financiero, esta última entidad emitió una alerta para bancos y entidades financieras sobre señales de contrabando de combustible en la frontera sur de Estados Unidos.
La investigación apunta a un claro caso de huachicol fiscal. El combustible se compraba en Estados Unidos y entraba a México con documentos alterados, clasificaciones aduaneras incorrectas o empresas interpuestas para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Los nombres señalados por Washington
Entre los sancionados figura Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Tesoro como un empresario clave en una operación de combustible que genera cientos de millones de dólares al año. Las autoridades estadounidenses sostienen que el sujeto creó compañías fachada y falsificó documentos aduaneros para mover combustible de manera irregular hacia México.
Las empresas asociadas a Juraidini Silva son Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd, esta última con sede en Reino Unido. El Tesoro señaló que estas compañías operaban en transporte, servicios financieros y bienes raíces.
J. Refugio Ruiz Villagómez también fue sancionado por su papel en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Washington lo acusa de haber movido combustible desde Estados Unidos hacia México sin los permisos correspondientes y de pagar cuotas a grupos criminales que controlan cruces fronterizos.
Bancos bajo alerta por operaciones sospechosas
FinCEN reportó más de 160 informes de actividad sospechosa durante los 12 meses posteriores a su alerta de mayo de 2025. Esos reportes detallaron más de 7 mil millones de dólares en operaciones sospechosas, principalmente entre Estados Unidos y México, con Texas y Florida como los estados más mencionados.
El Departamento del Tesoro indicó que los esquemas pueden usar transferencias internacionales, pagos con activos digitales y depósitos estructurados en efectivo. También señaló compras de bienes de lujo, bienes raíces e inversiones como posibles vías para ocultar ganancias ilícitas.
Qué implica estar en la lista de sanciones
El bloqueo implica que todos los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan congelados de inmediato. Ninguna persona o empresa en Estados Unidos puede realizar transacciones con ellos, lo que incluye pagos, contratos, servicios financieros o cualquier tipo de negocio, salvo que exista una autorización expresa del gobierno.
Además, las sanciones tienen un efecto extraterritorial. Empresas fuera de Estados Unidos también pueden enfrentar consecuencias si mantienen relaciones comerciales con los sancionados, ya que podrían ser excluidas del sistema financiero estadounidense o quedar sujetas a sanciones secundarias. Esto limita su acceso a bancos internacionales, financiamiento y operaciones en dólares.
Para las personas y compañías incluidas en la lista, las medidas suelen traducirse en aislamiento financiero, cancelación de cuentas, pérdida de socios comerciales y dificultades para operar en mercados internacionales. En la práctica, esto puede paralizar sus actividades económicas formales.
El CJNG fue designado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Antes, el Tesoro ya había sancionado al cártel en 2015 bajo la Ley Kingpin y en 2021 mediante la orden ejecutiva 14059 contra el tráfico ilícito de drogas.