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Finalizó la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada entre el 22 y el 24 de junio en la Ciudad de Panamá. El encuentro reunió a cancilleres, delegaciones y observadores permanentes bajo el lema “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá”.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inauguró el encuentro destacando el simbolismo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el cual se celebró en la capital panameña en 1826 y fue organizado por Simón Bolívar para crear una confederación o unión de repúblicas hispanoamericanas recién independizadas de España.
A diferencia de otros años, la asamblea fue el escenario central para tratar una serie de conflictos que atraviesa el continente. Estos abarcan desde disputas comerciales hasta amenazas contra el orden democrático. Por otra parte, el encuentro estuvo también marcado por la nueva visión que Estados Unidos tiene sobre América Latina bajo la administración de Donald Trump.
Albert Ramdin intervino por primera vez ante una Asamblea General ordinaria como nuevo secretario general de la OEA, tras suceder a Luis Almagro. El diplomático de Surinam sostuvo que la acción multilateral “es un requisito para nuestra supervivencia” y pidió a los Estados miembros sostener respuestas colectivas frente a los riesgos democráticos de la región.
Crisis regionales bajo presión diplomática
Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba ocuparon parte del foco político de la reunión. La Secretaría General de la OEA expresó preocupación por la situación democrática en esos países y pidió restaurar garantías institucionales, respeto a los derechos humanos y liberación de detenidos por razones políticas. El organismo sostuvo que deben existir “sistemas democráticos plenamente funcionales” para permitir participación ciudadana.
La OEA junto a la Unión Europea lanzaron en Haití un proyecto para instalar cinco Bases Operativas Avanzadas en Puerto Príncipe, con apoyo directo a la Policía Nacional de Haití frente a las pandillas armadas y la violencia organizada. La iniciativa contempla infraestructura, preparación operativa y capacitación para sostener presencia policial en zonas afectadas, mejorar los tiempos de respuesta y evitar la reocupación de territorios recuperados. El proyecto también se vincula con los preparativos para el despliegue completo de la misión internacional de apoyo a la seguridad autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Por otro lado, Estados Unidos endureció el tono sobre Cuba durante la asamblea. El representante de Washington, Christopher Landau, calificó a la isla como “Estado fallido” y exigió reformas económicas y políticas inmediatas. “No tiene otra opción”, afirmó el subsecretario de Estado ante el foro hemisférico.
La isla implementó recientemente reformas que le abren las puertas a la iniciativa privada y a la libre competencia para aliviar los daños provocados por la escasez de recursos. Sin embargo, Estados Unidos ha considerado insufientes tales medidas. “Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político que no logran reparar. Lo que anunciaron no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio.
Bolivia recibe respaldo político en medio de las protestas
Bolivia fue otro de los grandes temas de la asamblea. El país lleva casi dos meses de bloqueos y protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. El canciller Fernando Aramayo dijo en Panamá que “los desafíos que enfrentan nuestras democracias no son exclusivamente nacionales, son desafíos compartidos”, al presentar la crisis como un asunto de estabilidad regional.
La Secretaría General de la OEA anunció una misión técnica de verificación de hechos para las próximas semanas. Después de esa etapa, el organismo prevé una misión política de alto nivel, en una fecha acordada con las autoridades bolivianas, para evaluar la situación en el terreno y apoyar la estabilidad institucional.
Washington respaldó esa línea. Landau participó en una reunión ministerial sobre Bolivia y pidió apoyo hemisférico concreto al gobierno de Paz. “Los ciudadanos bolivianos eligieron un rumbo claro el año pasado cuando eligieron al presidente Rodrigo Paz. Ese mandato democrático ha sido respondido con violencia por quienes perdieron en las urnas. Esto no es una disputa política; es un ataque a la democracia misma”, señaló el subsecretario de Estado
Panamá y China se ven cara a cara luego del conflicto marítimo
El país que recibió este año la asamblea tiene también asuntos pendientes que arreglar, solo que en este caso es contra un país extracontinental. Luego de que Panamá ordenara la salida de CK Hutchison, un operador chino, de los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal, Beijing contraatacó prohibiendo la llegada de buques panameños a los puertos de China.
De acuerdo con el Supremo panameño, la concesión otorgada en 1997 y la prórroga automática de 2021 a la empresa china es inconstitucional. La decisión de la Justicia panameña coincide con la presión de Washington para expulsar la injerencia china del canal más importante del hemisferio occidental. Esto provocó la respuesta inmediata de China que denegó el acceso de barcos con bandera panameña a las estaciones chinas.
El presidente Mulino no dejó pasar el tema al inaugurar la asamblea, afirmando que la detención de buques con bandera de su país en puertos chinos pasó de entre 30 y 40 a 140 por mes sin “correlación alguna ni causa justificada”. También afirmó que esta medida provocó la salida de 200 buques de la marina mercante del país.
El cruce más directo se dio entre los representantes de cada país. El representante chino, Xie Feng, instó a Panamá a “corregir sus errores y proteger los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”. El delegado chino acusó a la Suprema Corte de Panamá de actuar con una “motivación política” para anular la concesión a CK Hutchison. Además, advirtió que decisiones como esta pueden erosionar la confianza de los inversores extranjeros.
Javier Martínez-Acha respondió con contundencia a las acusaciones. “Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, dijo el canciller, acusando a China de ser un país autoritario. También defendió el sistema judicial panameño: “No entienden el sistema democrático de Panamá: me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecerlo”.