La Asamblea Legislativa aprobó cambios a la Ley General de Electricidad para mejorar el funcionamiento eléctrico y permitir que los usuarios paguen menos en su factura.
Con el propósito de reducir el costo de la energía eléctrica para la población, la Asamblea Legislativa reformó, con 56 votos, la Ley General de Electricidad para ordenar y potenciar la generación distribuida en el país.
Las modificaciones aprobadas establecen un marco normativo más claro para este tipo de generación, que consiste en la producción de energía a pequeña escala —como la solar— conectada directamente a las redes de distribución.
Las enmiendas buscan corregir vacíos regulatorios, especialmente en la fijación de precios, los cuales hasta ahora han sido determinados mediante acuerdos bilaterales entre generadores y distribuidoras.
Durante el estudio de la normativa en la Comisión de Tecnología, el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, explicó a los diputados que la generación distribuida ha crecido de forma sostenida en El Salvador, alcanzando los 553 megavatios instalados, lo que evidencia la urgencia de contar con reglas claras que acompañen su expansión.
Los cambios a la ley contemplan la creación de un mercado minorista de energía que permitirá regular las transacciones en las redes de distribución y complementar el mercado mayorista. Además, se implementará una medición comercial regulada para determinar con precisión la energía generada, inyectada a la red y su impacto en la tarifa eléctrica.
Actualmente, los precios de esta modalidad se calculan tomando como referencia la generación con combustibles como búnker o diésel, cuyos costos pueden duplicar a los de fuentes renovables. En contraste, tecnologías como la solar resultan significativamente más económicas, lo que permitirá reducir el costo final para los usuarios.
Las reformas también disminuirán la dependencia de hidrocarburos en la matriz energética, promoviendo alternativas limpias y sostenibles.
Refuerzan supervisión del sistema eléctrico
Las enmiendas incluyen nuevas disposiciones para fortalecer el control técnico y operativo del sistema eléctrico, entre ellas la regulación de los procesos de interconexión, el seguimiento de proyectos ante el creciente interés de inversionistas y la realización de estudios obligatorios para garantizar la capacidad de la red.
Asimismo, se incorporan mecanismos de monitoreo en tiempo real de las plantas de generación distribuida y la integración de tecnologías como sistemas de almacenamiento de energía.
También se fortalecerán las atribuciones de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que será la responsable de autorizar interconexiones, definir cargos asociados y evaluar la capacidad del sistema para integrar nuevos proyectos.
Por su parte, las empresas distribuidoras deberán cumplir nuevas obligaciones, como reportar información periódica sobre los procesos de interconexión y proporcionar datos técnicos que faciliten la planificación del sistema eléctrico nacional.