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Ante una crisis de liquidez, desabastecimiento de combustibles y reservas internacionales en mínimos históricos, Bolivia activó un decreto de emergencia económica como primer acto del gobierno de Rodrigo Paz. La norma establece medidas urgentes en los sectores fiscal, energético y financiero, y marca el inicio de una nueva etapa en la gestión económica del país sudamericano.
El Decreto Supremo N.º 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, declara la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social a nivel nacional. Según el texto oficial, el país atraviesa “el mayor desabastecimiento de combustibles de su historia”, con filas de más de una semana y un déficit fiscal acumulado superior a 30 mil millones de dólares en cinco años.
Tras la entrada en vigor del decreto, el salario mínimo nacional sube a 3.300 bolivianos, con una variación del 20% respecto al ciclo anterior. Además, se lanza el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que otorgará transferencias mensuales de Bs 150 durante un año a sectores vulnerables. También se incrementa la Renta Dignidad en Bs 150 para personas sin jubilación contributiva.
En el área energética, el decreto fija precios transitorios para combustibles por seis meses. La gasolina especial sube a 6,96 Bs por litro y el diésel oil a 9,80 Bs, muy por encima de los precios anteriores. Se retira el diésel de la lista de sustancias controladas y se suspende por un año la exigencia de autorización previa para su importación, con el fin de evitar cortes de suministro.
Dentro del ámbito fiscal, se permite una deducción adicional del 20% del IVA por adquisiciones de productos hechos en Bolivia hasta 2027. También se permite la depreciación acelerada de activos fijos adquiridos entre 2025 y 2026 y se crean deducciones especiales para créditos incobrables. Un nuevo régimen tributario, SIETE-RG, establece un monotributo del 5% para pequeñas unidades productivas con ingresos anuales de hasta Bs 250.000.
Para dinamizar la inversión extranjera y nacional, se activa un procedimiento FAST TRACK con plazos de hasta 30 días y se crea una Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas. Las inversiones en sectores como energía, minería y agroindustria contarán con estabilidad jurídica y tributaria por hasta 15 años.
El comercio exterior también se ve afectado: se eliminan autorizaciones previas de importación y se restablece la libertad de exportar productos como maíz, azúcar y carne. Al mismo tiempo, se lanza un régimen de repatriación de capitales no registrados, con alícuotas preferenciales del 0% si permanecen 24 meses en el país, y del 5% si se retiran antes.
Finalmente, el decreto habilita el diferimiento de créditos para viviendas sociales y microempresas hasta por seis meses, sin penalizaciones ni aumento de tasas. También se introducen auditorías exprés en entidades públicas para detectar desvíos en el uso de recursos estatales.