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Más de seis millones de ciudadanos están habilitados para votar el domingo 30 de noviembre en las elecciones generales de Honduras, en un contexto marcado por denuncias cruzadas de fraude, tensiones institucionales y advertencias internacionales. Además del presidente, se elegirán diputados, alcaldes y representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Los tres principales candidatos a la presidencia son Rixi Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL); y Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN). Según la consultora CID Gallup, existe un “empate técnico” con Nasralla al 27%, Moncada al 26% y Asfura al 24%. No obstante, esta firma fue cuestionada por su proyección fallida en los comicios de 2021.
Diversos actos de cierre de campaña exhibieron mensajes confrontativos entre los principales candidatos. “La lucha es el domingo 30 entre dos modelos: el modelo de la oligarquía y el modelo socialista democrático de la presidenta Castro”, afirmó Moncada durante un acto en Tegucigalpa . A su vez, Asfura convocó a votar “con firmeza, con valor, con coraje, sin miedo” y rechazó las “ideologías fracasadas” .
Nasralla, por su parte, suspendió su cierre de campaña tras denunciar agresiones a una caravana de sus simpatizantes. Acusó al partido Libre de “comprar voluntades” y aseguró que Moncada cuenta con “apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela” .
La falta de un árbitro electoral independiente preocupa a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y a Estados Unidos. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, instó a “los miembros de la OEA a alzar la voz ahora, antes de las elecciones” y reclamó un proceso “transparente, libre de fraude y de violencia” .
El conflicto institucional también involucra a las Fuerzas Armadas en medio del proceso electoral. Hace algunas semanas, la cúpula militar solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) acceso a las actas para revisar el conteo, aunque la Constitución limita su papel a la custodia del material electoral. La solicitud fue rechazada, pero despertó temores de una posible intervención a favor del oficialismo.
Según Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), “es preocupante porque actualmente responden a la presidenta” y esa “extralimitación de funciones” pondría los comicios “en un escenario muy adverso” .
Otro elemento de tensión gira en torno a la influencia del narcotráfico. “Los narcotraficantes tratan de manipular las elecciones porque no pueden funcionar si no tienen la protección de ciertos políticos”, declaró Mike Vigil, exagente de la DEA . En años recientes, dirigentes de los tres partidos fueron implicados en casos vinculados al narcotráfico o financiamiento ilegal de campañas.
El nuevo presidente asumirá el cargo el 27 de enero de 2026. La elección se realizará en una sola vuelta y, según las encuestas, no existe un candidato con ventaja clara. Diversos actores internacionales pidieron garantizar condiciones de transparencia, legalidad y respeto a los resultados.