La Asamblea Legislativa aprobó dos propuestas que trasladan al INABVE la atención de adultos mayores y personas con discapacidad para mejorar y centralizar los servicios sociales. Las medidas amplían beneficios en salud, atención especializada y educación.
Para fortalecer la protección social y garantizar más y mejores beneficios a personas vulnerables, la Asamblea Legislativa aprobó, con 56 votos, la disolución del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) y del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM).
Las funciones de ambos consejos serán asumidas por el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), con el fin de consolidar los servicios sociales bajo una misma administración, garantizando una atención más eficiente y una mejor utilización de los recursos públicos.
Con ello, los adultos mayores y personas con discapacidad tendrán acceso a beneficios similares a los que reciben los veteranos de guerra.
Entre los beneficios que se ampliarán, mencionó el derecho a acceder a los programas de salud del instituto, así como a recibir atención médica preferencial en la red nacional de servicios públicos.
También se habilitarán áreas especializadas dentro del sistema de salud, atendidas por personal capacitado para brindar servicios integrales de prevención y tratamiento.
Disolución del CONAIPD y del CONAIPAM
El INABVE asumirá todas las funciones del CONAIPD, incluyendo la gestión de beneficios sociales y el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad. El traspaso se realizará a través de una Comisión Liquidadora, que tendrá un plazo máximo de seis meses para transferir los bienes, funciones y procesos pendientes.
De manera similar, la liquidación del CONAIPAM también deberá completarse en un plazo máximo de seis meses. Una Comisión Liquidadora, integrada por representantes del CONAIPAM, INABVE y el Ministerio de Hacienda, se encargará de transferir bienes, funciones y obligaciones. Esto garantizará la continuidad de los procesos judiciales y administrativos hasta su conclusión.
Para este último caso, se contempla la creación de la Mesa Nacional de Personas Adultas Mayores, un espacio donde este grupo podrá presentar sus propuestas y necesidades, asegurando que su voz sea tomada en cuenta en las decisiones que los afectan.
En ambas disoluciones, el traslado de funciones y recursos requerirá la intervención del Ministerio de Hacienda, responsable de transferir las asignaciones presupuestarias de ambos consejos al INABVE.
Esto incluye fondos para pensiones no contributivas de adultos mayores y personas con discapacidad, así como recursos provenientes de sanciones pecuniarias relacionadas con estos grupos.