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La política comercial sobre semiconductores en Estados Unidos podría cambiar nuevamente. Según información citada por Semafor, el equipo del presidente Donald Trump se encuentra evaluando si mantiene, modifica o reemplaza las actuales reglas de exportación de chips de inteligencia artificial, establecidas por la administración Biden.
Estas reglas, adoptadas en 2022, implementaron un enfoque segmentado por país para restringir la venta de chips avanzados de IA, con base en criterios de seguridad nacional. El marco normativo impedía exportar ciertos componentes tecnológicos a países considerados de riesgo, con el objetivo de limitar sus capacidades en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial con fines militares o estratégicos.
Sin embargo, en mayo de 2025, la administración Trump rescindió formalmente esas reglas y, en julio, publicó el AI Action Plan, un documento que plantea la necesidad de nuevas restricciones, aunque sin detallar cómo se aplicarían.
“El gobierno está debatiendo si debe continuar con su plan de reemplazar las reglas de exportación de chips de IA”, reportó Semafor citando fuentes de la industria. Esta indecisión genera incertidumbre entre empresas tecnológicas y socios comerciales, al no estar claro cuál será el criterio para restringir las ventas en el futuro.
Los cambios potenciales podrían afectar tanto a fabricantes estadounidenses como a los países compradores. Aunque más del 50% de las compañías de semiconductores tienen sede en Estados Unidos, gran parte de la demanda internacional proviene de naciones con relaciones tensas con Washington, como China.
El debate ocurre en un momento clave, ya que la industria espera también la definición sobre posibles aranceles a semiconductores y chips anunciados por Trump, lo cual agregaría nuevas barreras al comercio tecnológico.
Desde la aprobación del CHIPs and Science Act en 2022, Estados Unidos ha buscado reforzar su liderazgo en tecnologías estratégicas, incluyendo la producción de chips de inteligencia artificial. No obstante, los cambios regulatorios constantes y la falta de claridad sobre las nuevas políticas podrían complicar este objetivo.