NotiPress
Las prisiones peruanas quedarán rodeadas por un dispositivo militar destinado a controlar accesos y dificultar las comunicaciones utilizadas por organizaciones criminales desde los centros penitenciarios. La decisión incorpora a las Fuerzas Armadas en una tarea de seguridad interna mientras el país enfrenta mayores presiones por extorsiones, homicidios y delincuencia organizada.
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, explicó que los militares asumirán el control perimétrico y revisarán el ingreso de personas, vehículos, suministros y trabajadores penitenciarios. “Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo, o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada”, afirmó el funcionario. Belaúnde detalló que la vigilancia incluirá tecnología destinada a detectar objetos prohibidos y reducir las posibilidades de mantener comunicaciones ilícitas desde las prisiones. “Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular”, señaló.
La medida aparece entre las primeras acciones relevantes de seguridad del Gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió la Presidencia peruana durante julio de 2026. Su primer Consejo de Ministros ya había abordado una intervención reforzada del sistema penitenciario destinada a recuperar control y autoridad dentro de los establecimientos. Hacinamiento multiplica las dificultades de control
Un total de 69 cárceles funcionan en Perú con capacidad para 41 mil 764 personas, aunque la población penitenciaria supera ampliamente ese límite. World Prison Brief registró 105 mil 939 internos al cierre de mayo de 2026, equivalente al 253.7 por ciento de la capacidad disponible.
Esa sobrepoblación obliga al sistema penitenciario a distribuir recursos limitados entre una cantidad de internos superior a la prevista originalmente para sus instalaciones. Seguridad, atención médica, alimentación, saneamiento y programas de rehabilitación deben funcionar dentro de establecimientos donde la ocupación supera ampliamente los espacios disponibles.
Los operativos penitenciarios también encontraron teléfonos celulares, drogas, dinero, armas y equipos de conexión, objetos capaces de mantener vínculos entre internos y personas fuera de prisión. Los teléfonos resultan especialmente relevantes porque permiten realizar llamadas, intercambiar mensajes y coordinar actividades sin necesidad de abandonar físicamente un establecimiento penitenciario.
El crecimiento de la población carcelaria tampoco ocurrió acompañado por una ampliación equivalente de infraestructura durante los últimos años. Datos oficiales recopilados por organismos peruanos muestran que la población penitenciaria pasó de 85 mil 811 internos en 2017 a 99 mil 448 durante 2024. Seguridad penitenciaria abre otro frente contra el crimen
Las nuevas medidas también contemplan drones alrededor de las prisiones, junto con detectores de metales y controles reforzados sobre quienes atraviesen los perímetros penitenciarios. Según Belaúnde, incluso los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario de Perú deberán someterse a las revisiones establecidas mediante el nuevo dispositivo de seguridad.
El Ejecutivo prepara además modificaciones legales destinadas a acelerar la expulsión de extranjeros indocumentados vinculados con actividades ilícitas y revisar la clasificación de organizaciones criminales fronterizas. Belaúnde sostuvo que el marco actual resulta “casi prohibitivo” para determinados procedimientos de captura y expulsión relacionados con personas vinculadas al crimen transnacional.
La participación militar coincide con otras decisiones iniciales del Gobierno para ampliar temporalmente la presencia de las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad organizada. Fujimori confirmó previamente que los militares serían convocados durante esta etapa, mientras su administración desarrolla medidas adicionales relacionadas con seguridad y control territorial.