Los diputados reformaron el artículo 172 de la Carta Magna, con el objetivo de mantener el mismo mecanismo presupuestario que rige a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo.
La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, con 57 votos, —durante la plenaria 88 y 89 realizadas el mismo día— una reforma al artículo 172 de la Constitución de la República, para eliminar el 6 % del Presupuesto General del Estado que se asigna anualmente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el cumplimiento de sus funciones.
Actualmente, el inciso cuarto de dicho artículo establece un monto no inferior al 6 % de los ingresos corrientes del Presupuesto General para esta institución.
Con la iniciativa presentada por los diputados de Nuevas Ideas, el presupuesto del Órgano Judicial dejará de estar sujeto a ese porcentaje fijo y pasará a asignarse de la misma forma que el resto de instituciones públicas, es decir, con base en sus necesidades reales, planes operativos y disponibilidad fiscal del Estado, evaluadas anualmente durante la discusión del presupuesto nacional.
La diputada Alexia Rivas explicó que, en los últimos años, el Estado ha tenido transformaciones que han permitido redistribuir recursos entre distintas instituciones, para priorizar las necesidades de la población.
Añadió que la realidad histórica de 1893, cuando se creó la Constitución, es diferente a la realidad actual, por lo que deben realizarse modificaciones para adecuarla.
La legisladora aclaró que la reforma aprobada no implica ni un aumento ni una reducción del presupuesto de la CSJ.
“El objetivo es eliminar el porcentaje constitucional fijo y mantener el mismo mecanismo presupuestario que rige para los demás órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo”, expresó Rivas.
Con la modificación, la CSJ deberá presentar su proyecto presupuestario ante la Asamblea Legislativa, al igual que otras instituciones, para ser aprobado.
Además, recordó que este órgano de Estado ha respaldado al sector justicia mediante la creación de nuevos juzgados, la ampliación de sedes, el fortalecimiento de infraestructura y otras inversiones, siempre respetando el principio de equilibrio financiero del Estado.