Osiris Luna director general de Centros Penales, Carlos Marroquín director de Tejido Social y la jefa del Gabinete de Gobierno Carolina Recinos han sido señalados y sancionados de colaborar con delincuentes y enriquecerse con el dinero del pueblo.
Además, se ha sancionado a la madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares.
El Departamento del Tesoro acusa a Carolina Recinos de haber liderado una estructura corrupta multimillonaria implicada en compras “sospechosas” para la construcción de un hospital y de autorizarlas a varios ministerios en temas vinculados a la pandemia.
Además, el Departamento del Tesoro detalla que “Recinos también dirigió un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno destinadas al alivio de la pandemia se desviaron para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas para obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021”.
Pese a los señalamientos el actual mandatario del país ha intentado bajar el perfil a estos señalamientos y acusa a la exencargada de negocios de la embajada de Estados Unidos Jean Manes de pedir cuatro favores.
De acuerdo con Bukele, Manes le pidió entre estas liberar al político Ernesto Muyshondt, quien se encuentra en prisión por estar acusado de incumplimiento de deberes y que también es señalado de supuestamente negociar favores políticos con las pandillas y entregarles más de 600.000 dólares.
Las sanciones no solo han sido a salvadoreños también se ha señalado a otros funcionarios de Latinoamérica.
Las medidas que adoptó hoy el Departamento del Tesoro se ven complementadas por el anuncio, por parte del Departamento de Estado de EE. UU., de restricciones a visas al amparo del artículo 7031(c) de la Ley de Asignaciones al Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, dirigidas contra varios funcionarios y exfuncionarios corruptos, así como a sus familiares directos, que hacen que no sean elegibles para ingresar en Estados Unidos.
Designación de redes de corrupción con nexos al crimen organizado transnacional
En consonancia con los objetivos de la Cumbre por la Democracia que tiene lugar esta semana, Estados Unidos ha aplicado sanciones a 16 personas y 24 entidades de varios países de Europa y del hemisferio occidental. Las sanciones se imponen a responsables de hechos de corrupción, conforme al Decreto Ejecutivo 13818, que amplía e implementa la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global sobre Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).
La Estrategia contra la Corrupción de Estados Unidos, divulgada el 6 de diciembre, destaca la importancia de abordar el vínculo entre corrupción, criminalidad y otras actividades ilícitas con carácter de prioridad de seguridad nacional. La criminalidad transnacional organizada genera desestabilización, y estos grupos a menudo actúan en connivencia con funcionarios públicos para evitar que respondan penalmente y rindan cuentas por sus acciones.
Las organizaciones delictivas transnacionales operan sin fronteras, menoscaban la integridad del sistema financiero y obstaculizan los esfuerzos orientados a detener y desarticular a la criminalidad transnacional a nivel global. También la criminalidad organizada que tiene apoyo de actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática.
Autoridades de Estados Unidos aseguraron que “Seguiremos empleando todas las herramientas de las que disponemos para cortar los nexos entre la actividad delictiva y la corrupción. Las medidas que se adoptan en el día de hoy, con las designaciones de actores corruptos vinculados con organizaciones delictivas transnacionales en El Salvador, Kosovo y Serbia por el Departamento del Tesoro, son parte de nuestros esfuerzos en los que participan todas las áreas del gobierno, orientados a cercenar estos nexos y promover que los actores corruptos rindan cuentas”.