Sala admite demanda de inconstitucionalidad por aprobación de deuda por $900 millones

CSJ (1)La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la autorización otorgada por la Asamblea Legislativa para que el órgano Ejecutivo emita títulos valores de crédito hasta por la cantidad de $ 900 millones.

Según los magistrados de la Sala, contraviene los artículos 131 ordinal 4°, 143 y 148 inciso 2° de la Constitución, por considerar que se vulneró la exigencia constitucional por la cual el proyecto de ley desechado o no ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses; y por infracción al proceso de formación de ley.

La resolución fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa, el cual también señala que la advertencia deberá respetarse mientras dure el trámite del proceso de inconstitucionalidad. “Se prohíbe al Ministro de Hacienda y al Banco Central de Reserva –quien actúa como agente financiero del gobierno– realizar toda operación que guarde una relación directa o indirecta con la emisión y colocación de títulos valores de crédito a que se refiere el decreto impugnado en el mercado nacional o internacional, lo que incluye la cancelación de los costos que demande la operación autorizada y la fijación de fechas y montos que correspondan a los títulos”, reza el comunicado.
En la resolución la Sala consideró que el demandante expuso adecuadamente una violación constitucional al procedimiento del decreto debido a que inicialmente se había votado, pero al no lograr la aprobación fue enviado al archivo y dos horas después se llevó a una nueva votación y fue aprobado con el voto del diputado Wilfredo Guevara Díaz, suplente del diputado Guillermo Gallegos, quien sustituyó a la diputada Sandra Salgado.

“El señor Guevara Díaz únicamente podía suplir al señor Gallegos Navarrete; no a otro. Incluso aunque ese otro diputado propietario fuera del mismo partido político”, explica el comunicado.

La resolución de admisión de inconstitucionalidad fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.