Los partidarios de Assange se movilizan y Wikileaks sigue con sus revelaciones

Los partidarios del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se movilizaban para obtener su liberación y contrarrestar los intentos de acallar y asfixiar financieramente al portal, que continuó publicando los comprometedores cables diplomáticos norteamericanos.

El ex hacker australiano, de 39 años, pasó su primera noche en la prisión londinense de Wandsworth después de que el juez encargado del proceso de extradición solicitada por las autoridades de Suecia en un caso de presuntos delitos sexuales le denegara la libertad bajo fianza.

Los abogados de Assange, que volverán a pedir su puesta en libertad en la próxima vista prevista para el 14 de diciembre, recibieron este miércoles el refuerzo de Geoffrey Robertson, un reputado jurista anglo-australiano especializado en derechos humanos y libertad de expresión.

Robertson, que participó entre otros en el caso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, buscará evitar una extradición que la defensa de Assange teme que pueda acabar con la entrega de éste a Estados Unidos.

El ministro sueco de Exteriores, Carl Bildt, volvió a negar sin embargo este miércoles en Belgrado cualquier contacto con las autoridades estadounidenses, que han convertido a Assange en su enemigo público número uno desde el inicio de la publicación el pasado 28 de noviembre de 250.000 cables confidenciales del departamento de Estado.

Entre los simpatizantes de Assange figuran varias personalidades que el martes ofrecieron conjuntamente hasta 180.000 libras (285.000 dólares, 213.000 euros) para la fianza de Assange, entre ellos el cineasta Ken Loach y la multimillonaria Jemima Khan, ex novia del actor Hugh Grant.

Incluso el renombrado lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky se unió a una petición de intelectuales australianos para que el gobierno de Canberra expresara “un apoyo firme” a su conciudadano ante las “graves preocupaciones” por su seguridad que genera la “retórica cada vez más violenta” en su contra desde que se inició la publicación de los documentos del departamento de Estado norteamericano.

El gobierno australiano, que el lunes anunció que apoyaría a Washington en caso de acción judicial contra WikiLeaks por el llamado “Cablegate”, afirmó este miércoles que el responsable de las filtraciones era Estados Unidos y no Assange, a quien prometió asistencia consular.

“Cuando tienes un cuarto de millón de documentos diseminados por todas partes y además tienes más de dos millones de personas que tienen acceso a este tipo de cables en el sistema estadounidense, allá es donde está el problema principal”, dijo el ministro australiano de Exteriores Kevin Rudd a una radio.

La batalla entre partidarios y detractores de Assange también se lleva a cabo en el ciberespacio, donde en los últimos días se han multiplicado los ataques contra los organismos y empresas que toman acciones contra WikiLeaks.

El portal de internet de la entidad financiera suiza Postfinance.ch es víctima de ciberataques desde que el lunes anunció el cierre de la cuenta bancaria de Assange, anunció su portavoz.

En las últimas horas, otros blancos de los ataques fueron la compañía estadounidense de tarjetas de crédito MasterCard, el popular portal de pagos por internet PayPal, que también clausuró la semana pasada la cuenta de WikiLeaks, y las páginas de la fiscalía sueca y de los abogados de las dos mujeres que acusan a Assange de “violación y agresión secual”.

Según la empresa de seguridad informática Panda Security, estos ataques son obra de un grupo de ciberactivistas llamado Anonymous. Mientras tanto, WikiLeaks continuó la difusión de los cables de la diplomacia norteamericana.

Según las nuevas revelaciones, los estadounidenses se inquietaban de que “línea dura” del partido gobernante en El Salvador promueve “el proyecto chavista”, chocando con el presidente Mauricio Funes, que se ha mostrado “amigable” con Estados Unidos. Además, según otro cable, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció hace casi dos años al presidente Barack Obama para reforzar su presencia militar en España.