La unidad de coalición gobernante en Uruguay amenazada por la Ley de Caducidad

La unidad de la coalición de izquierda Frente Amplio, que gobierna Uruguay, está amenazada por el futuro de la Ley de Caducidad, que impide juzgar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), según el analista político Juan Carlos Doyenart.

La situación “es complicada” aunque “todavía no dramática” pero puede desembocar en que “por primera vez” el Frente Amplio no retenga todos sus votos en el Parlamento, donde tiene la mayoría, en un tema “muy significativo” como el de los derechos humanos, destacó Doyenart, director de la empresa Interconsult.

La ley fue aprobada en 1986 y refrendada en dos oportunidades por la ciudadanía en las urnas, en 1989 y nuevamente hace un año.

La Cámara de Diputados, con el voto exclusivo de los legisladores de izquierda, aprobó la pasada semana un proyecto de ley interpretativo para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, y ahora pasó a la Cámara de Senadores, donde el Frente Amplio también cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

Sin embargo, al menos dos de sus legisladores, el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y el senador Jorge Saravia anunciaron que no lo votarán, y esa postura, de confirmarse, hará naufragar la iniciativa oficialista.

Incluso puede haber alguna otra deserción, como la del histórico líder guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, una decisión “cualitativamente muy importante” en la izquierda “por el personaje en cuestión”, agregó Doyenart.

En el primer gobierno de izquierda que tuvo Uruguay, con Tabaré Vázquez como presidente (2005-2010), el Frente Amplio “cuidó mucho” la mayoría parlamentaria, “pero ahora las cosas son diferentes”, estimó.

“Está claro que Mujica no es Vázquez, el actual presidente deja hacer mucho y los legisladores no siempre comparten su criterio e incluso en algunos casos lo contradicen”, señaló el analista.

Mujica, también ex líder guerrillero y que estuvo diez años preso y en duras condiciones, antes y durante la dictadura, prefirió mantenerse al margen de la polémica y afirmó que “lo arreglen los legisladores, si pueden. Demasiados problemas tengo yo en el Gobierno”.

La Ley de Caducidad “es un tema muy difícil, que divide al país”, agregó Mujica en declaraciones al semanario “Búsqueda”.

El presidente intentó quitar dramatismo a la situación y dijo: “si la fuerza política no tiene los votos; no los tiene y chau”.

Sin embargo su esposa, la senadora Lucia Topolansky, negocia en el Parlamento la forma de destrabar la situación y tratar de lograr los votos para la aprobación del proyecto.

“Independiente de como se de la votación final el Frente Amplio tendrá problemas internos, de menor o mayor calibre, porque las partes están tocadas”, estimó el analista.

Para Doyenart, la coalición de izquierda comete “un error muy grande” al “desacreditar” la figura del plebiscito, cuando impulsa una ley interpretativa de la Ley de Caducidad sin tener en cuenta la opinión de los uruguayos expresada en las urnas.

La iniciativa oficialista, además, genera malestar en las Fuerzas Armadas y el jefe del Ejército, general Jorge Rosales, afirmó que se debe “acatar y respetar” el resultado de las urnas.

Tras esas declaraciones públicas Rosales fue sancionado por el Gobierno con un “apercibimiento”, la sanción más leve posible, pero se mantuvo en el cargo porque conserva la confianza de Mujica y del ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla.