Impugnan abogados ley de Texas sobre albergar indocumentados

Abogados defensores de inmigrantes impugnaron parte de una ley de seguridad de Texas que dicen podría permitir a las autoridades estatales ir contra propietarios de refugios y arrendadores por albergar a inmigrantes que estén en el país de manera ilegal.

El Fondo de Educación y Defensa Legal Mexicano Estadounidense (MALDEF por sus siglas en inglés) entabló una demanda federal en San Antonio, en la que pide a un juez declarar inconstitucional parte de una amplia ley de seguridad fronteriza aprobada en 2015.

Entre los demandantes hay dos arrendadores que aseguran que podrían resultar perjudicados por la ley debido a que no preguntan el estatus migratorio de sus inquilinos. Otro de los demandantes es Jonathan Ryan, director de un centro de servicios legales migratorios con sede en San Antonio, quien dirige un refugio para migrantes y que, asegura que su personal y voluntarios podrían ser sujetos a acusaciones legales.

El representante republicano Dennis Bonnen, quien autorizó el proyecto de ley, dijo que la demanda era “frívola” y que la legislación nunca tuvo la intención de ir contra refugios, trabajadores o arrendadores, y que no puede usarse la ley para hacerlo.

Pero Nina Perales, la principal abogada de MALDEF, comentó que la ley tiene intención de ir tras personas que hagan negocio con inmigrantes, tales como arrendadores y personas que realizan labor humanitaria en los refugios.

“No hay otra explicación para albergar estos estatutos que la de intimidar a las personas”, afirmó. “No hay una función de seguridad pública”.

El gobernador Greg Abbott aprobó la ley _conocida como HB11_ el año pasado como parte de un esfuerzo de seguridad fronteriza de 800 millones de dólares. Bajo una de las provisiones de la HB11, las personas que se beneficien económicamente de alentar o inducir a las personas a que ingresen o se mantengan de manera ilegal en el país “al ocultar, albergar o proteger a esa persona de una detención” puede ser acusada de varios delitos graves. Los cargos dependen en la edad del inmigrante y de si él o ella es víctima de abuso sexual o cualquier otro crimen.

La ley también crea un nuevo delito de “albergue continuo” de inmigrantes durante al menos 10 días.