Gobierno panameño dice que no gastará más fondos en reclamar a Noriega

El vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que su país no gastará más fondos en reclamar a “un delincuente” como el ex dictador Manuel Antonio Noriega, porque su extradición a Francia está en manos del Departamento de Estado.

“Ya el caso (de Noriega) salió de la justicia estadounidense al Departamento de Estado” de los Estados Unidos, que debe decidir su extradición a Francia para que cumpla con una condena por lavado de dinero, señaló Varela a los periodistas.
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El canciller recalcó que “no vamos a estar contratando más abogados ni gastando más fondos en el tema del futuro de un delincuente que está preso”.

Reiteró que el Gobierno panameño ya ha gestionado tres veces la extradición a Panamá de Noriega para que cumpla con las condenas que tiene en este país, y que la petición de repatriación del ex militar sigue vigente.

Un juez federal de Florida levantó la orden que bloqueaba la extradición de Noriega para ser extraditado a Francia.

La orden del juez Paul Huck de Miami permite que siga el procedimiento de la extradición a Francia de Noriega.

La decisión se ha producido después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera el pasado lunes rechazar la petición de Noriega de no ser extraditado a Francia.

Noriega fue jefe de Estado de facto de Panamá desde 1983 hasta diciembre de 1989, cuando fue derrocado por una invasión de tropas estadounidenses a las que se entregó pocos días después.

En Francia, Noriega fue condenado en ausencia a diez años de cárcel en 1999 por lavado de dinero del narcotráfico, tras haber blanqueado 3,1 millones de dólares a través de bancos de ese país y mediante la compra de apartamentos en París.

En Panamá, Noriega ha sido declarado culpable también en ausencia de diversos delitos, incluidos los asesinatos del líder opositor Hugo Spadafora y el mayor Moisés Giroldi, por los cuales fue condenado a 15 y 20 años de cárcel, respectivamente.

Sin embargo, dado que tiene más de 70 años, si regresara a su país podría cumplir la condena en arresto domiciliario