La crisis post-electoral, con choques en las calles entre seguidores del gobierno de izquierda y la oposición liberal, derivó en una pugna entre poderes del Estado después de que Ortega legitimara por decreto los resultados electorales y calificara de anticonstitucional el intento opositor de anular los comicios.

La oposición pretende, mediante una moción que 41 diputados liberales presentarán ante el Congreso que se revierta por primera vez en Nicaragua un fallo del Consejo Supremo Electoral, que es autónomo.

Los líderes opositores rechazaron el decreto de Ortega, que el presidente anunció en un mitin del gobernante Frente Sandinista para celebrar su triunfo en 105 de 146 municipios en disputa, y acusaron al mandatario de imponerse a los demás poderes, como el Congreso y el Consejo Electoral.

"El presidente Ortega está tratando de gobernar de facto, como hace un dictador", dijo el candidato opositor a la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, en un programa de televisión, en el que reclamó su triunfó en la capital.

Ortega llamó a la oposición a aceptar su derrota en las urnas para superar la crisis. "Ya es hora de ponerle frío a esta situación de confrontación", dijo.

Este inédito conflicto podría alcanzar también al poder judicial si debe intervenir para interpretar las facultades que la Constitución otorga a cada poder del Estado, mientras algunos advierten de que hay "un antes y un después" en la política nicaragüense tras los comicios. "Es un punto de inflexión. Definitivamente hay un antes y un después (...). Nunca nada será igual después del 9 de noviembre", dijo el comentarista de televisión Carlos Fernando Chamorro, hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza en 1978.

El diputado liberal José Pallais reiteró que "el Congreso hará prevalecer la Constitución", por lo que la oposición intentará aprobar una ley que anule las elecciones validadas por Ortega y el Consejo Electoral, y convoque a nuevos comicios municipales. Pallais dijo que las nuevas elecciones, que costarían unos 4,5 millones de dólares, deberían contar con observación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter, algo impedido por el gobierno y el Consejo Electoral en las municipales del 9 de noviembre.

Sin embargo, no está claro si la oposición conseguirá los votos para anular los comicios, puesto que tiene una débil mayoría en la Asamblea Nacional de 92 miembros.

Además, el oficialismo ha tenido éxito en esta crisis al conseguir apoyo de magistrados del Consejo Electoral que validaron los resultados oficiales aunque ellos pertenecían a las filas liberales.

Por otra parte cientos de católicos participaron en una procesión en favor de la paz en torno a la Catedral de Managua, en medio de denuncias de amenazas a sacerdotes que han criticado los comicios. Procesiones similares se efectuaron en los demás templos católicos del país, tras una convocatoria de la Conferencia Episcopal, que ha pedido al Consejo Electoral que revise los resultados de las municipales.

La ONU, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, además de una veintena de países y organizaciones de la Mesa de Cooperantes de Nicaragua, han criticado la falta de transparencia de los comicios y podrían reducir -o cortar- su ayuda a uno de los países más pobres de América Latina.

La violencia callejera ha desaparecido en los últimos días, debido a que la oposición desistió de salir a protestar, mientras las rotondas de Managua siguen copadas por piquetes de sandinistas que supuestamente rezan por la paz, conocidos popularmente como los "oradores".